Álvaro Uribe Culpable:
Pero de Crímenes de Lesa Humanidad
En las montañas de Antioquia, el río Cauca baja turbio como si cargara todavía los cuerpos y el humo de las casas incendiadas en La Granja y en El Aro. Veintisiete años después, el eco de esas masacres sigue sonando en las gargantas de los sobrevivientes, en las paredes quemadas, en las trochas vacías. Nadie olvida. La memoria es terco animal que se niega a morir.
La historia oficial, dictada desde el poder, habló de enfrentamientos, de excesos inevitables en tiempos de guerra, de víctimas colaterales. Pero los testimonios que hoy resurgen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sumados a las decisiones de tribunales nacionales e internacionales, dicen otra cosa: que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, no fue un espectador inocente. Fue, al menos, un facilitador consciente de un engranaje criminal que convirtió a Ituango en laboratorio de impunidad.
La Granja y El Aro: heridas abiertas
La Granja, 11 de junio de 1996. Treinta paramilitares entraron al caserío con la calma de quien sabe que nada los detendrá. Ordenaron cerrar tiendas, sacaron a hombres de sus casas, los golpearon, los asesinaron frente a sus hijos. Nadie acudió en auxilio.
El Aro, 22 de octubre de 1997. Ciento cincuenta hombres armados bajaron por las montañas, tenían listas con nombres, direcciones, reses. Quemaron cuarenta y dos de las sesenta casas, robaron ganado, violaron mujeres, degollaron campesinos acusados de colaborar con la guerrilla. Durante una semana, Ituango fue territorio paramilitar a plena luz del día. Un helicóptero de la Gobernación sobrevoló el cielo mientras la barbarie ardía en tierra.
El saldo: más de mil personas desplazadas, decenas de muertos, comunidades enteras despojadas de su vida y su sustento. El horror dejó marcas visibles y un silencio impuesto por el miedo.
La Gobernación en la sombra
Álvaro Uribe Vélez gobernaba Antioquia entre 1995 y 1997. La memoria de las víctimas y las investigaciones judiciales coinciden en un punto: el Estado sabía, y no evitó.
Pedro Juan Moreno, su secretario de Gobierno, fue advertido directamente por Carlos Castaño de la inminencia de El Aro. El Ejército tenía información de inteligencia sobre la incursión paramilitar. Aun así, no hubo operación militar que protegiera a los campesinos. Por el contrario, se promovieron las Convivir, esas supuestas asociaciones de vigilancia civil que, en la práctica, sirvieron de fachada legal al paramilitarismo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue tajante: para ella, las masacres de La Granja y El Aro constituyen crímenes de lesa humanidad y el Estado colombiano es responsable por omisión y complicidad.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en Colombia afirmó que existían suficientes indicios para investigar a Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia en relación con esas masacres y con el impulso a las Convivir. Además, señaló que, por su gravedad, estos hechos no prescriben. El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín incluso compulsó copias para que se avanzara en la investigación penal contra Uribe.
Y aunque el expresidente insiste en que denunció hechos violentos y promovió la “neutralidad activa”, los hechos lo contradicen: en su Antioquia, la neutralidad era un eufemismo de complicidad.
Los hermanos Angulo y la verdad que incomoda
En febrero de 2025, Jaime y Francisco Angulo Osorio, condenados por homicidios en Ituango, comparecieron ante la JEP. Sus palabras fueron un puñal en la memoria oficial: dijeron que la Gobernación de Uribe sabía de la presencia paramilitar y colaboraba en logística, transporte y comida para los hombres armados.
Aseguraron que la creación de las Convivir fue promovida desde la Gobernación, con apoyo militar, para legitimar lo que ya era una estructura de terror. Y narraron cómo el asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció públicamente la alianza entre Estado y paramilitares, fue decidido en reuniones donde se compartía información obtenida ilegalmente.
Las víctimas miran con recelo a los Angulo: saben que buscan beneficios judiciales. Pero incluso con dudas, su relato encaja con el rompecabezas que durante años armaron tribunales, periodistas y sobrevivientes: que en Ituango el poder político y el paramilitarismo no eran mundos separados, sino vasos comunicantes.
Crímenes de lesa humanidad
¿Por qué hablar de crímenes de lesa humanidad? Porque lo ocurrido en Ituango no fueron hechos aislados, sino ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil. Porque las masacres, los desplazamientos, las violencias sexuales y los asesinatos de líderes sociales respondieron a una estrategia de control territorial, apoyada por sectores del Estado.
La responsabilidad de Uribe no se limita a no haber evitado la tragedia. Su gobierno departamental impulsó políticas –como las Convivir– que facilitaron el crecimiento paramilitar. Su administración recibió alertas y no actuó. Un helicóptero de la Gobernación sobrevoló El Aro mientras la gente moría. Y bajo su mandato, el defensor que denunció la complicidad fue asesinado.
Esa cadena de omisiones, decisiones y silencios configuran responsabilidad política y jurídica. Por eso múltiples tribunales recomendaron investigarlo. Por eso hoy, cuando nuevas voces hablan, la justicia vuelve a mirar hacia él.
Memoria contra el olvido
Álvaro Uribe Vélez insiste en que es víctima de persecución política. Pero los muertos de La Granja y El Aro no son invención. Los desplazados que aún deambulan por Medellín o por tierras prestadas no son fantasmas. El río Cauca no arrastra inventos.
En Ituango, la memoria no es un asunto académico. Es la respiración de quienes sobreviven, es el llanto de las viudas, es la rabia de los huérfanos. Ellos saben que la justicia tarda, pero llega.
Por eso hoy se repite en voz baja, pero firme: Álvaro Uribe Vélez debe responder, no solo ante la historia, sino ante los tribunales, por crímenes de lesa humanidad.
Porque en Colombia, la impunidad ha sido política de Estado. Pero en Ituango, la verdad insiste en nacer, aunque la quieran enterrar una y otra vez.
